EL RESPETO DEL CIUDADANO CÓMO SEÑAL DE PAZ

 Por Nayib Abdala  

Por todas las playas del Caribe resuenan las voces que pidieron alguna vez la paz: en los poemas de Nicolás Guillén, en Cuba, en los discursos de Martí, en los cuentos de los pueblos originarios de las Antillas, llenos de mitos y de leyendas en las que aparecen la brujas y el diablo como personajes principales, pero también en los carnavales de Haiti, en las canciones de San Andrés y Providencia, donde desde entonces, la música hace su aparición llena de ritmos y atracción.  

Su alegría es muy celebrada y contagiosa, pero los habitantes parecen ignorar que se escucha mejor esa música sin los amplificadores que la vuelven empalagosa y enervante e impiden la tranquilidad de los turistas que quieren descansar en los días de fiesta y de los padres de familia que regresan del trabajo en los hogares vecinos. 

Además. en los centros de educación de civiles y  militares cercanos a las casas en zonas residenciales los amplificadores de sonidos se usan a toda hora cuando un superior dirige unas palabras, sean breves o largas,  a los subordinados, aun cuando estén muy cerca unos de otros y no haya real necesidad de parlantes, o cuando celebran ceremonias profanas o sagradas  o incluso eventos deportivos. 

Costumbres tradicionales han convertido, además,  en bulliciosos y escandalosos los mercados y las mismas calles, para no hablar del abuso de los reflectores gigantes que encandilan con sus luces salvajes de un edificio a otro, de una casa a otra. 

Y si las ciudades tienen lo que llaman “centros históricos”, por las noches el abuso de los amplificadores de sonido hace temblar paredes y techos de iglesias y hoteles cercanos.

Pero a estos abusos contra el derecho del vecino al descanso no les ponen atención ni los ciudadanos ni la misma policía, no por falta de conciencia ciudadana ni de respeto, sino porque suelen ignorar el impacto que ejercen los amplificadores en el vecindario o sencillamente por tener que enfrentar la peor ola de inseguridad de los tiempos del auge de las drogas y del contrabando, que produce muertos cada mañana y amenazas de muerte para el que se atreva a contar lo que pasó. 

Por eso, haciendo a un lado  quejas y lamentos, la gente se pregunta cómo evitar que las autoridades sigan dando como hasta ahora respuestas  puramente de reacción, muy pocas de prevención. 

Por eso no es de extrañar que, además de las inteligentes propuestas políticas de diálogo y de paz con los grupos armados disidentes, aparentemente muy bien recibidas, pronto se escucharon voces de rechazo a la extraordinaria propuesta del nuevo gobierno en el sentido de que para el ascenso de los militares en el escalafón se tendrá en cuenta en adelante, no sólo cuántos subversivos dieron de baja, sino también qué tanto se esforzaron en respetar las exigencias de las nuevas políticas de paz, en especial la de respetar los derechos humanos de los ciudadanos. 

Esa propuesta ocasionó un rechazo a lo que se denominó una “amenaza” del gobierno a los militares que pensaran de modo diferente, como si se tratara de una amenaza al derecho de libre opinión, es decir, a uno de los derechos humanos fundamentales, cuya prohibición bastaría para acusar de totalitarismo al gobierno (cualquiera que fuese) culpable.

 
Pocos comentarios y, más bien, un elocuente silencio rodeó este suceso. Por eso, para finalizar estas notas nos preguntamos por las razones del silencio. Y lo primero que se presenta a la mente es un requisito para que la paz deje de ser una utopía. 

Para que una reforma tan audaz fuera aceptada se necesitaba un cambio en la percepción del vecino, es decir, el que suele ser víctima de los escandalosos equipos de sonido, de los reflectores poderosos dirigidos a sus ventanas y de los gritos de los borrachos que visitan a esos vecinos. 

Este cambio es imposible si se deja a la buena voluntad y no se exige por la ley cambiar la usual visión de esos atentados a la tranquilidad ciudadana como meros intercambios basados en la supuesta calidez convencional de la relación entre vecinos en el Caribe y más bien se los enfoque como encuentros entre ciudadanos que merecen igual respeto, por haber aceptado vivir bajo la misma constitución. 

Por esta razón no debe ser rechazada la propuesta del nuevo gobierno de considerar entre los requisitos para el ascenso en el escalafón militar el haber respetado los derechos del ciudadano, lo que obliga, nos parece, a cesar ciertas formas meramente reactivas de comportarse de las fuerzas armadas, como la de limitarse a acudir en casos de conflictos sólo cuando la gente pide ayuda, en lugar de llevar una especie de récord de esos abusos, lo que no es difícil cuando se dispone de un computador y de un buen plan de patrullaje desde los llamados centros de atención inmediata. 

El cuidadoso registro de atentados contra la tranquilidad pública no sólo facilitaría las investigaciones posteriores sobre los hechos, sino también permitiría a los supervisores militares comprobar si los centros de atención inmediata cumplen con su labor preventiva de patrullaje, lo que permitiría una evaluación objetiva de sus integrantes, de  su cumplimiento del deber y de su compromiso con el respeto de los derechos humanos, nueva base de su ascenso en el escalafón.